Las organizaciones hicieron observaciones sobre el estancamiento de las políticas públicas en materia de derechos de personas LGBTI en los países de la región por falta o recorte de presupuestos y programas específicos; los crímenes de odio basados en cuestiones de género LGBTI; la falta de continuidad de las investigaciones en procesos judiciales hacia personas LGBTI; la discriminación y violencia, entre otros aspectos destacados.

Sobre educación y salud proponen formación continua de diversidad a educadores y educadoras y avanzar sobre leyes de identidad de género; en cuanto a el derecho al trabajo digno solicitaron mayor protección y acceso a trabajo para personas portadoras de HIV y trabajar sobre la no discriminación para migración; sobre movilidad humana, cultura y etnicidad señalaron la importancia de políticas migratorias inclusivas que contemplen a las personas LGBTI migrantes. También reflexionaron sobre las familias diversas y la necesidad de garantizar medios de constitución de las familias y leyes de adopción no discriminatoria por estado civil, orientación sexual o de identidad de género, por último, también hicieron aportes sobre el presupuesto público y financiamiento para políticas públicas para personas LGBTI y solicitaron a los Estados garantizar líneas de financiamiento para la participación durante el desarrollo de las políticas públicas de organizaciones LGBTI.